La Administración Pública no solo es una herramienta de gestión estatal, sino un campo de estudio esencial para el jurista moderno. Su dominio permite ejercer con responsabilidad, ética y eficacia en defensa del interés público. Cada trámite, acto de autoridad, programa público y servicio social representa una manifestación jurídica del poder del Estado. La Administración Pública organiza y ejecuta políticas que afectan directamente los derechos y obligaciones de los ciudadanos. El jurista moderno no puede limitarse a conocer el Derecho en abstracto; necesita comprender cómo se implementa y supervisa mediante estructuras administrativas. El dominio de la Administración Pública permite al profesional del Derecho intervenir, fiscalizar y proponer dentro del aparato estatal. Forma juristas con conciencia institucional, capaces de reconocer que el cumplimiento legal y la eficiencia administrativa son dos caras de la misma moneda. Este conocimiento es también una herramienta de defensa del ciudadano frente a excesos, omisiones o arbitrariedades del poder público. El interés público no es una noción vacía ni retórica: es el compromiso de procurar una sociedad justa, equitativa y funcional, en la que el Derecho no sea solo norma, sino también acción estatal legítima y efectiva. Un jurista formado en Administración Pública tiene la capacidad de detectar y denunciar fallos estructurales. Puede contribuir activamente al diseño normativo, proponiendo mejoras legales y administrativas que beneficien al conjunto social. Se vuelve un agente de gobernanza democrática, más allá del litigio o la consulta legal.
- Profesor: Uriel Romo Ruvalcaba